Hasta el 31 de diciembre de 2025, los lanzamientos por impago de alquiler permanecen suspendidos para inquilinos en situación de vulnerabilidad, en virtud de las sucesivas prórrogas del Real Decreto-ley 11/2020.
Lo que en su día se presentó como una medida excepcional y temporal para paliar los efectos de la pandemia se ha convertido en una norma casi permanente, generando una profunda incertidumbre jurídica y una sensación de desprotección creciente entre los propietarios.
Un limbo jurídico prolongado.
La situación alcanzó un punto crítico a finales de 2024. El Gobierno generó un breve rayo de esperanza al no prorrogar inicialmente el Decreto, lo que sería el fin de las moratorias. Sin embargo, días después rectificó, aprobando una nueva prórroga que extiende la suspensión hasta finales de 2025.
Esto no hizo más que confirmar la falta de una estrategia a largo plazo y ahondar en la desconfianza del sector.
De cara a 2026, el panorama es reservado.
Por un lado, la prolongación indefinida de estas medidas sigue visibilizando la provisión de vivienda social a costa del patrimonio de los pequeños propietarios, obligados a asumir la carga de inquilinos morosos sin respaldo estatal suficiente.
Por otro, una no prórroga supondría un riesgo social elevadísimo, enfrentando al Gobierno a una potencial avalancha de desahucios y a la cruda realidad de que, tras seis años, no se han creado alternativas habitacionales estructurales.
La conclusión es clara, el Gobierno lleva cinco años fallando.
Ha sido incapaz de resolver el conflicto entre la protección social necesaria y la seguridad jurídica que requiere el sector inmobiliario, crucificando a los propietarios, que deben de aportar sus viviendas para paliar la crisis habitacional.
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